El pasado 23 de julio la Comisión notificó al Gobierno de Canarias un requerimiento previo contra diversos artículos del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la comunidad. Se trata de un paso previo que busca evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el caso de que el Gobierno no modifique o anule las restricciones.
El Decreto introduce una nueva regulación en las viviendas vacacionales en la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas viviendas venían conformando la denominada oferta de alojamiento no reglado y carecían de regulación específica.
El análisis de la norma que la CNMC ha realizado ha puesto de manifiesto numerosos obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado. “Todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalentando a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes”, señala Competencia. Esto reduce el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios.
Fuente: El País
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